La resolución de crisis futuras es un tema muy importante para la UE, sobretodo a la hora de evitar una situación como la que estamos viviendo. El segundo pilar sobre el que se construirá la unión bancaria sera el plan de resolución de crisis. 28 países miembros de la unión monetaria, establecen la existencia de una autoridad común con fórmula compleja, aunque aún tiene que ser negociada en el Parlamento Europeo.
Habrá un consejo de resolución, que afrontará las dificultades de cualquier entidad sobre la que les avise el BCE. Determinarán qué usar y cómo hacerlo para reestructurar la entidad en cuestión. Y si necesita un fondo común de resolución o no. Esto sería exactamente igual que lo aplicado años atrás a los bancos españoles, por ejemplo.
Si se sigue necesitando capital se podrá recurrir a ayudas públicas nacionales y, finalmente, al futuro fondo común de resolución. Solo en casos excepcionales se podría llegar a pedir ayuda al fondo de rescate europeo (MEDE).
El consejo de resolución tendrá dos ramas: ejecutiva (con un director, cuatro miembros independientes y un representante de cada país afectado por la resolución de esa entidad concreta), que preparará los borradores de las decisiones, y otra plenaria, que sumará a los anteriores componentes un representante de cada autoridad nacional de resolución, en el caso español, el FROB. Ese pleno aprobará todas las decisiones que necesiten más de un 20% del fondo de resolución, las recapitalizaciones de entidades que supongan más del 10% de esa bolsa común o todos los recursos al fondo cuando éste ya haya desembolsado 5.000 millones en ese mismo año natural.
Para sacar adelante una medida deberán respaldarla dos tercios de los países miembros y que ellos sumen, como mínimo, el 50% de las aportaciones al fondo común de resolución. Cada país aportará al fondo según el tamaño de su banca, con lo que se introduce una ponderación de votos que no está presente en el propio BCE, donde cada país -independientemente de su importancia y tamaño- tiene un solo voto.
Las decisiones finales de ese consejo entrarán en vigor en las 24 horas siguientes a su adopción, salvo cuando la Comisión Europea considere que no concuerdan con las normas comunitarias y avise al Ecofin, o cuando el propio consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE no esté de acuerdo. La última palabra será de los gobiernos.
La creación de un fondo común de resolución, financiado por el sector financiero y al que se recurrirá para financiar parte de los saneamientos o liquidaciones bancarias se creará con aportaciones anuales de los bancos de cada país miembro. Empezará a formarse en 2016 y hasta 2026 no habrá un fondo común que realmente pueda asumir todas las ayudas.
Este pilar es el menos avanzado y aunque el Parlamento Europeo sí ha dado el visto bueno a una parte, aún quedan muchos obstáculos por superar y muchos puntos por tratar. También falta negociar con la Eurocámara todo lo pactado por los Estados es decir: cómo será la autoridad común de resolución y cómo funcionará, así como la fórmula de creación del fondo común de resolución.
Se pretende poner en marcha esta iniciativa antes de las elecciones de mayo de 2014.
