Frente a los desacuerdos y conflictos por el tema: «Un euro por receta«, se ha llegado a decidido plantear un recurso contra el euro por receta y se va a analizar la ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
El Consejo de Ministros ya aprobó el recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta implantado en la Comunidad de Madrid y se aprobado también el anteproyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Para la tranquilidad de muchos, el Gobierno ha impugnado la medida adoptada desde el 1 de enero, de este modo el Gobierno pretende hacer un ejercicio de coherencia teniendo en cuenta que anteriormente ha recurrido esta misma medida de la Generalitat de Cataluña.
Se ha comprendido que esta medida vulnera el derecho de igualdad de los españoles en la adquisición de los productos farmacéuticos. Ahora bien, el presidente de Madrid, anunció que la Comunidad no devolverá el dinero recaudado por el euro por receta aunque la medida se declare inconstitucional.
Motivos del Recurso contra el euro por receta:
Se ha puesto este recurso, ya que consideran que el euro por receta en Madrid es una agresión contra los ciudadanos y una imposición injusta e inconstitucional. El recurso va a frenar ese desmantelamiento del sistema sanitario, esa desarticulación de todo un sistema sanitario público que está ejecutando el PP de Madrid.
TC el impuesto sobre depósitos bancarios de Asturias
El Gobierno ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional el artículo de los presupuestos del Principado de Asturias para 2013 que incluye la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios.
El Estado se ha reservado el hecho imponible del impuesto sobre depósitos, con lo que ninguna comunidad autónoma puede legislar al respecto. Cuando se grava el mismo hecho imponible siempre prevalece el impuesto estatal sobre el autonómico, si bien el Estado está obligado a compensar a las regiones que lo tuvieran ya implantado, como era el caso de Andalucía, Canarias y Extremadura.
Cataluña y Asturias lo implantaron después de que el Gobierno creara el impuesto estatal, que en un principio se mantendrá a tipo cero.
Ley de asistencia jurídica gratuita
Se aprobó el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía los colectivos que pueden beneficiarse de este servicio sin acreditar la insuficiencia de medios como las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o discapacitados.
La intención del anteproyecto es garantizar un derecho fundamental para quienes carecen de medios para litigar.
Este anteproyecto deroga la actual ley de Justicia gratuita en vigor desde hace 17 años para permitir que colectivos que no tenían este beneficio puedan acceder a este servicio. Otra de las novedades es que además del nivel de renta, se tendrá en cuenta por primera vez las circunstancias familiares de quienes soliciten el servicio.
También se amplían los colectivos beneficiarios independientemente de sus niveles de renta, ya que a la Justicia gratuita podrán acogerse los más vulnerables como las víctimas de violencia género, terrorismo, trata de seres humanos y discapacitados, así como organizaciones sindicales, de consumidores o la Cruz Roja.
